Auditorías y sanciones por déficit
estatal de 18 mil 600 mdp: Astudillo


Chilpancingo, Gro., diciembre 16 de 2015 (IRZA).- La administración estatal realizará auditorías y promoverá sanciones, en el marco de la ley, por irregularidades que se desprenden del Proceso de Entrega-Recepción por un déficit de más de 18 mil 600 millones de pesos, superior en más de 5 mil millones de pesos al que reportó la administración de Rogelio Ortega Martínez a finales de julio pasado, informó este miércoles el gobernador Héctor Astudillo Flores.

En conferencia de prensa en el vestíbulo de Palacio de Gobierno, en un evento denominado Informe Final del Proceso de Entrega-Recepción, donde estuvo acompañado de miembros de su gabinete, el gobernador ofreció un diagnóstico del estado que guarda la administración pública que le fue transferida.

Detalló que los datos de este procedimiento “nos sirven de base para conocer la realidad en la que nos encontramos, y de esta manera, en un momento dado, deslindar y exigir las responsabilidades que de ello deriven”.

Dijo que la administración financiera estatal se encuentra “ante un margen de maniobra estrecho, financiero y administrativo, que nos ata y exige, mayor racionalidad y responsabilidad”.

Comentó que la administración anterior no previó el pago de aguinaldos a la base trabajadora, por lo que realizó gestiones urgentes ante la federación, logrando que del 14 al 18 de diciembre puedan pagarse más del 90% de los sueldos, salarios y aguinaldos, que ascienden a más de 2 mil millones de pesos.
Mencionó que el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) “enfrenta una crisis financiera severa: un pasivo de más de 400 millones de pesos. Se necesitan cerca de 100 millones de pesos para completar el pago a los pensionados y jubilados”, pero que su gobierno “ha logrado avances importantes para reunir 100 millones de pesos para cumplir en dicho requerimiento”.
Además existe una presión financiera adicional de más de mil 100 millones de pesos y un pasivo contingente de 800 millones de pesos por laudos. Los adeudos con proveedores y prestadores de bienes y servicios superan los 5 mil 800 millones de pesos.

Los adeudos con terceros institucionales y con empresas del sector financiero y aseguradoras, por recursos descontados al trabajador y no pagados, son del orden de los mil 500 millones de pesos. En el mismo sentido, los municipios han solicitado 200 millones de pesos para cumplir con sus compromisos de gasto para el cierre de 2015.

Respecto al presupuesto 2015, en materia de aprobación de proyectos, por falta de gestión ante la Secretaría de Hacienda y Cuenta Pública, quedaron sin ejercer mil 150 millones de pesos.
Dijo con énfasis que la crisis financiera en la Secretaría de Salud “es de enormes proporciones”, porque existe “un déficit de 4 mil 315 millones de pesos”.

Señaló que “todas las obras realizadas por esta Secretaría fueron asignadas por adjudicación directa, por un monto de más de 2 mil millones de pesos, de los cuales se restan por pagar más de 147 millones de pesos”.

Respecto a la Secretaría de Educación,  dijo que “nos encontramos que existen 19 mil plazas que están fuera de presupuesto”,  lo que equivale a un déficit de alrededor de 2 mil 400 millones de pesos, con un adeudo acumulado de 9 mil 241 millones de pesos, dependencia donde más de 300 mandos medios tampoco están considerados dentro del presupuesto, pero además, “estamos obligados a pagar más de 232 millones de pesos en prestaciones que también están fuera del presupuesto”.

Sobre la Secretaría de Desarrollo Social, reportó que del programa Becas de Excelencia “Juntos Podemos”, cuyo presupuesto asignado fue de 45 millones de pesos, de los cuales, por falta de previsión presupuestal de 15 millones de pesos, se dejaron de pagar cerca de 8 mil becas, las que serán absorbidas por su administración.

Seguridad, el problema más grave

Respecto a lo que consideró el problema “más grave en nuestro estado, la inseguridad pública”, lamentó que la fuerza policiaca es insuficiente y reconoció que sólo la mitad de los efectivos están asignados a áreas operativas, pero además, sólo el 16 por ciento de la plantilla son aptos para desempeñar sus labores, ya que el resto no aprobó el examen de control de confianza.
A este problema se le suma un presupuesto limitado, a pesar de que Guerrero es de las entidades del país con mayores índices delictivos, luchando contra el crimen organizado con el apoyo de la federación y las fuerzas armadas, en una estrategia “eminentemente de contención”.

Por la falta de una gestión oportuna, se perdieron 63 millones de pesos del Programa  de Prevención del Delito: de 207 millones de pesos, logró rescatar 144 millones de pesos.
El avance en el Sistema Penal Acusatorio es reducido y la aplicación de recursos inadecuada.

Dijo que al estado le falta comprobar 130 millones de pesos presupuestados en el 2014 del Programa del Instituto Nacional de Emprendedores, además de que no se lograron gestionar más de 81 millones de pesos en proyectos productivos.

En materia de turismo, en la obra de La Diana, de 7 millones de pesos etiquetados, reportaron un avance del 99 por ciento, pero esos trabajos sólo se encuentran al 59 por ciento de su conclusión.

Para obras en La Quebrada había 20 millones de pesos, con un reporte del 23 por ciento de avance; para la remodelación del zócalo de Acapulco, proyectado para concluirse en el 2014, a esta fecha sólo presenta un avance del 59 por ciento.

En obra pública, dijo que la Auditoría Superior de la Federación, entre el 2009 y el 2014, observó irregularidades por más de 8 mil millones de pesos.

Obras pagadas, pero no ejecutadas

En el Proceso de Entrega-Recepción también detectaron irregularidades en 22 obras por un monto de 292 millones de pesos, las cuales están inconclusas, pagadas sin comprobación, pagadas pero no ejecutadas, con reporte de mala calidad y ejecutadas sin partida presupuestal.

En obras de gran infraestructura, dijo que en la del Acabús, iniciada en el 2012, encontraron vencidos los contratos desde el 30 de noviembre del 2014, los que su gobierno ya regularizó. Sin embargo, la obra tiene un pasivo pendiente por cubrir por un monto 170 millones de pesos, de los cuales 70 millones no cuentan con suficiencia presupuestal ni con contrato alguno.

Dicha obra, ha dejado vulnerable a la administración estatal, porque dijo que si no se logra ponerlo en funcionamiento antes del 31 de diciembre, Banobras solicitará el reintegro del apoyo financiero, lo que implica un monto de 2 mil 155 millones pesos, por lo que ha solicitado una prórroga para que entre en operación en el primer semestre del 2016.

El Macrotúnel, obra iniciada el 6 de junio del 2013 y que debió haber iniciado operaciones en junio del 2015, tiene una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, la que está detenida por demandas de ejidatarios y particulares ante la falta de los permisos correspondientes, misma que se había proyectado generaría mil empleos directos y 2 mil indirectos, por lo que la administración estatal enfrentará reclamos de la concesionaria por los retrasos.

El gobernador Héctor Astudillo Flores mencionó que por las circunstancias que describió, reorganizará y saneará la administración y las finanzas públicas estatales, establecerá lo que denominó “Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción”, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de procuración de justicia; mejorará la relación interinstitucional con el Congreso del Estado y con ayuntamientos; reactivará el turismo en el Triángulo del Sol y abrirá nuevas oportunidades de ecoturismo y turismo cultural, educación contra la violencia y debilitar las actividades del crimen organizado a partir de una cultura de la denuncia y a favor de la paz; mejoramiento del diseño y el beneficio de las políticas sociales.
Asimismo, potencializar la capacitación y formación de capital, especialmente en las áreas de educación y salud; brindará incentivos económicos para reconvertir las actividades productivas en proyectos más rentables de la economía formal, y dijo que aprovechará la iniciativa federal de la Zona Económica Especial para mejorar las comunicaciones, la infraestructura carretera y fomentar nuevas actividades productivas que generen empleo.

En este contexto Rogelio Ortega Martínez entregó la administración a Héctor Astudillo Flores el 27 de octubre pasado, después de que por un año estuvo en el cargo como gobernador sustituto por la renuncia que presentó al cargo Ángel Aguirre Rivero, quien tuvo el mandato de la entidad de abril del 2011 a octubre del 2014, un mes después de la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. www.agenciairza.com