Ciudad de México, mayo 17 del 2017 (IRZA).- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, asistió a la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y del gabinete de seguridad, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la que acordaron y anunciaron las acciones para garantizar la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Lo anterior, a consecuencia de las movilizaciones realizadas en el país por parte de periodistas por los asesinatos de 120 comunicadores en México en los últimos años, de los cuales, el más reciente se registró el lunes en Culiacán, Sinaloa, contra el fundador del semanario Ríodoce, Javier Valdez, además de la retención, amenaza y robo contra siente reporteros en el crucero de Acapetlahuaya, Guerrero, por parte de cien hombres armados cuando el sábado regresaban de realizar una cobertura por los narcobloqueos en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano y, también, por el ataque a balazos registrado el lunes en Guadalajara, Jalisco, contra la subdirectora del semanario El Costeño, Sonia Córdova, quien quedó herida y su hijo, el reportero Héctor Rodríguez, quien murió.

El presidente Enrique Peña Nieto, dijo que de esa reunión de la Conago se llevaban “tarea y compromiso para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables”.
Mencionó que el Estado mexicano y los órdenes de Gobierno, estaban “resueltos a dar con los responsables de quienes hayan cometido estos hechos”.

Pidió un minuto de silencio por la muerte de “las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”.

En ese momento algunos comunicadores gritaron en exigencia de “¡justicia! ¡No más discursos!”

Peña Nieto reconoció que “la violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad”.

Reiteró que, como presidente de la República, “actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables. No podemos permitir, como sociedad y menos como Gobierno, la censura, ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales”.

“Hemos convocado a esta reunión extraordinaria, porque la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, hoy requiere de medidas extraordinarias”, mencionó.
Dijo que es obligación del Estado mexicano en su conjunto, otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, “especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones, infiltrado en instancias de gobiernos locales, en ciertas regiones del país”.

Anunció que pondrán en marcha las siguientes medidas a nivel federal, a las que se suman los estados:
PRIMERA: “Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este Mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas”.

Reiteró el compromiso asumido la semana pasada con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, de que “este mecanismo contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos humanos”.

SEGUNDA: “Se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del Mecanismo Federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del Gobierno de la República”.

TERCERA: “Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas:
Habrá más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.

Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.

Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.

Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.

Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

“Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia”, aseguró.

Destacó que estas propuestas, que buscan fortalecer las capacidades institucionales para brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística, “retoman iniciativas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil, a todas ellas les reconozco su labor y compromiso con esta causa”.

Dijo que “una democracia plena requiere que nadie calle su voz. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad, matando periodistas”.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reiteró que “seguirá trabajando para garantizar la libre expresión y manifestación de las ideas, esfuerzo del gobierno federal al que nos sumaremos”. (www.agenciairza.com)

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