Chilpancingo, Gro, ANG.- Organizaciones feministas de todo el país, incluidas de Guerrero, que han solicitado la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) en sus estados, denunciaron que han sufrido hechos de violencia, situación que les preocupa porque eleva el riesgo de su labor como defensoras de ese mecanismo de seguridad.

Por ello demandaron al gobierno federal que, con carácter de urgente, se tomen las medidas necesarias para garantizar la labor profesional de quienes defienden los derechos humanos de las mujeres.

Además, al considerar que las acciones de gobierno no han frenado el asesinato y desaparición de las mujeres en los lugares donde ya fue decretada la AVG, reiteraron su exigencia de que la violencia feminicida que prevalece en varias entidades del territorio mexicano sea considerada un problema de seguridad nacional.

El viernes, promoventes de la AVG de varios estados del país se reunieron por más de tres horas con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; así como con las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Alejandra Negrete y Lorena Cruz Sánchez.

En ese encuentro estuvieron presentes representantes de la Alianza Feminista, colectivo integrado por más de 20 organizaciones de mujeres de Guerrero, que en junio de 2016 solicitaron a la Segob decretar la AVG en ocho municipios de la entidad, petición que fue atendida un año después.

Las organizaciones feministas entregaron en la reunión un documento en el que hicieron diferentes planteamientos al titular de la Segob, Migue Ángel Osorio Chong.

“Como organizaciones solicitantes y promoventes de la activación de la AVG hemos valorado y coincidido que esta situación debe ser considerada un problema de seguridad nacional, ya que en la mayoría de los procesos realizados en varios estados, no se ha avanzado en la eliminación de este grave problema”, se lee en el documento.

Afirmaron que las políticas públicas implementadas en los procesos de implementación de recomendaciones y activación del mecanismo de AVG, no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y seguridad jurídica, ni satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano al suscribir y ratificar los tratados internacionales y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Denunciaron además que el mecanismo de la AVG se ha desvirtuado, pues no solo no se atiende la emergencia de la violencia feminicida, sino que su aplicación se ha encaminado a evitar la declaratoria de la alerta a nivel nacional, en consecuencia no hay medidas de protección colectivas y provisionales que la ley contempla para proteger a las mujeres.

En el escrito, dieron a conocer que las organizaciones de Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Colima, han sido víctimas de hechos de violencia, “por parte de entes del estado y de particulares ligados a los intereses de las autoridades estatales y municipales”.

Aseguraron que esa situación eleva el riesgo de su labor como defensoras de la AVG, razón por la que consideraron urgente que en las deliberaciones de ese mecanismo, y en las resoluciones de las mesas de diálogo se tomen las medidas necesarias para garantizar su labor como defensoras de derechos humanos.

“Que se active el mecanismo de protección de defensoras de las organizaciones solicitantes y promoventes de las alertas de violencia de género que salvaguarde la vida, la integridad y la seguridad de sus familias, ante el riesgo inminente de la labor que se realiza en la denuncia y defensa de los derechos humanos de las víctimas de la violencia feminicida”.

En el encuentro manifestaron también la necesidad de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para acabar con la excesiva burocracia que retrasa y complica la aplicación de la AVG.

Además pidieron crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos con facultades para sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la impunidad de la violencia feminicida en el país. Carlos Navarrete / ANG

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