Carlos Navarrete, Chilpancingo Gro., 30 de junio de 2017. ANG.- Pese a que la semana pasada el gobierno federal decretó la alerta de género en el estado, ayer fueron despedidas 30 trabajadoras del Centro Ciudad de la Mujer de Tlapa, que brinda atención a mujeres víctimas de violencia.

Además, a 29 trabajadoras que permanecen en sus puestos les reducirán el salario en un 50 por ciento. El abandono de la federación a este Centro es tal, que no cuentan con computadoras, obligando a las trabajadoras a elaborar documentos a mano.

Ante esta situación personal del Centro Ciudad de la Mujer pararon labores para exigir que no haya despidos ni recortes salariales, pues existe el riesgo de que la atención a las víctimas de violencia de género disminuya.

Apenas el jueves pasado la Secretaría de Gobernación (Segob), decretó la alerta por violencia de género en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla, Ometepec y Tlapa.

Este Centro fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2015 para ofrecer atención integral a mujeres de los 19 municipios de la Montaña, con servicios médicos, psicológicos y jurídicos, capacitación para autoemplearse y para continuar sus estudios, convirtiéndose en el primero en su tipo en todo el país.

En un principio este lugar dependía de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, pero cuando Rosario Robles Berlanga fue nombrada titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la funcionaria atrajo a esa dependencia la operación del Centro.

Vía telefónica una trabajadora denunció que ayer recibieron una llamada de oficinas centrales de la Sedatu, en la que se les notificó que 30 trabajadoras, entre abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, administrativas y de intendencia, dejarían de laborar a partir de lunes.

Mientras que las 29 que se quedan sufrirán una reducción salarial del 50 por ciento, en consecuencia, una abogada que mensualmente percibía 13 mil pesos, ahora solo recibirá 6 mil 500, mientras que una trabajadora de intendencia pasará de seis mil pesos mensuales a 3 mil.

El argumento fue que el recorte que sufrió el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2017 afectó directamente a la Sedatu, obligando a las autoridades a despedir personal y reducir salarios.

Aunado a esto, denunciaron también que hace 20 días les fueron retiradas prácticamente todas las computadoras de los siete módulos con los que cuenta el Centro, por lo que ahora el personal debe elaborar documentos a mano, pues no cuentan con el equipo necesario para impresiones.

Indicaron que cada módulo tenía 12 máquinas, pero ahora quedan solamente una o dos.

Tras el despido masivo de personal advirtieron que habrá saturación de trabajo y en consecuencia la capacidad de atención reducirá. Como ejemplo, explicaron que una abogada que normalmente atiende 70 expedientes de denuncias, ahora estará a cargo de 200.

Esto se traduce en un rezago importante en los juzgados, pues tan solo el módulo de atención a la violencia tiene 500 expedientes de demandas y juicios de paternidad y pensiones alimenticias, entre otras.

Además se corre el riesgo de que de mil 500 mujeres que son atendidas mensualmente, ahora solo puedan recibir a 750.

El paro laboral continúa hasta este momento y las trabajadoras esperan una respuesta de las autoridades. ANG

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