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Abogados piden al gobernador ordene reapertura de la Junta de Conciliación

*Autoridades de la JLCyA violan derechos humanos al restringir el acceso.

Noé DOMÍNGUEZ MARIANO.

ZIHUATANEJO, GRO.-

Abogados laboristas hacen un llamado enérgico al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que ordene a los responsables de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), que reabran las puertas a los litigantes y al público en general para que se cumpla el precepto de justicia pronta y expedita.

Lo anterior debido a que este miércoles continuaba cerrada la dependencia al público, cuando ya se deberían de abrir para que haya atención a los asuntos, con al aforo del 50 por ciento, pues la atención sigue restringida igual que estaba con semáforo rojo.

Muchos abogados y trabajadores afectados que buscan se les haga justicia acuden al tribunal para buscar una conciliación o interponer una demanda y se topan con que no pueden entrar más que con cita previa, hecha por teléfono pues no hay nadie que atienda en el lugar.

Por ello los abogados, que también se han visto afectados en sus asuntos, los cuales prácticamente no han caminado mucho, elaboraron un escrito dirigido al Secretario del Trabajo, Oscar Rangel Miravete, con atención al gobernador del estado, mediante en el que piden se dé cumplimiento al decreto de reabrir la Junta laboral.

En el documento, firmado por 44 abogados litigantes, se destaca que tienen conocimiento que un reducido grupo de abogados están coaccionando a la autoridad del tribunal para que no reanuden las actividades como lo establece el diario oficial del estado publicado el primero de los corrientes.

Entrevistado al respecto el abogado laborista, David Torres Rodríguez, expresidente del Colegio de Abogados de Ixtapa-Zihuatanejo, dijo que al no reanudar las actividades en la JLCyA se están violando los derechos humanos de los trabajadores que reclaman justicia pues han estado violando sus derechos y están en total indefensión.

“La Juta tenía que reabrir el lunes y no lo ha hecho, pues se sigue limitando el acceso y que se hagan citas por teléfono, lo que es totalmente ilegal y violatorio de derechos humanos, pues muchos trabajadores no tienen para comprar un teléfono o para ponerle saldo, para marcar y hacer una cita”, puntualizó el litigante.

Incluso destaca que mucha gente no conoce el número de teléfono de la autoridad con la que se tiene que hacer la cita, porque no está publicado en las puertas de la dependencia o los encargados no lo proporcionan a quienes acuden a buscar atención.

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