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Asesores del juzgado penal acusatorio paran labores

Asesores jurídicos del Juzgado Penal Acusatorio iniciaron un paro indefinido de labores para reclamar la devolución de sus sueldos base que tenían hasta diciembre.

ZIHUATANEJO, GRO.- Personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Juzgado Penal Acusatorio en esta ciudad inició un paro indefinido para protestar por el recorte del 40 por ciento de sueldos a partir de enero de este año.

Desde las 9 de la mañana fueron colocadas pancartas de la inconformidad en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de esta ciudad para rechazar la medida restrictiva y exigir la reposición de los salarios recortados.

Se trata de dos asesores jurídicos que laboran en el Distrito Judicial de Azueta que suspendieron las actividades para reclamar que les disminuyeron más de 5 mil pesos mensuales de su sueldo a partir de la primera quincena de enero a la fecha.

Lo anterior bajo el argumento que no hay presupuesto para el pago de asesoría de la Comisión de Atención a Víctimas, mientras que a los defensores les aumentaron el sueldo, señaló la Coordinadora Regional en la Costa Grande, Diana Kristal Flores Calvo, una de las afectadas.

Incluso dijo que tienen que cubrir las 24 horas del día los asuntos de este distrito y del de La Unión de Montes de Oca, por el mismo salario y sin que se les paguen viáticos ni estímulos extraordinarios.

«Nos encargamos de audiencias de ejecución, audiencias de control, asesorías en los ministerios púbicos, y el traslado a La Unión y no nos cubren viáticos», dijo la asesora inconforme.

Además añadió que no cuentan con ninguna prestación en seguridad social, no cuentan con seguro de vida y con el salario que tenían estaban hasta cierto punto conformes, pero le quitan parte del sueldo, por eso están protestando.

Por su parte la otra asesora, Ángela Marbella Aceves Palacios, enfatizó que exigen la devolución del porcentaje de sus sueldos que les recortaron durante los 6 meses que van del año, así como la homologación del sueldo con respecto a los demás operadores del sistema como ministerios públicos y defensoría pública.

Agregó que también están exigiendo se les otorguen las prerrogativas constitucionales en materia laboral; seguridad social, servocio médico y créditos para vivienda, entre otros.
Asimismo piden un bono de riesgo, seguro de vida y la contratación de más personal para poder cubrir los asuntos que les corresponden, pues deben estar disponibles las 24 horas, cuando tienen un horario de 8 horas.

El paro laboral indefinido es un movimiento estatal pues se ven afectados 25 asesores de al menos 7 juzgados en la entidad.

Destacan las inconformes que desde el 2 de marzo enviaron un escrito al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y al Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, dándoles a conocer la problemática y pidiendo una solución y no ha habido respuesta hasta el momento.

Para finalizar expresaron que temen represalias en su contra por protestar y suspender sus labores, porque pueden fincarles responsabilidades por no comparecer a las audiencias. / Noé DOMÍNGUEZ MARIANO

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